Guía de políticas estatales sobre criptomonedas: cinco medidas que los estados pueden implementar para impulsar la innovación responsable en el ámbito cripto

La legislación federal sobre criptomonedas está avanzando con rapidez. En los últimos tres meses, el presidente Trump ha promulgado la ley “Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins” (GENIUS) Act y la Cámara de Representantes ha aprobado con un respaldo bipartidista abrumador la pionera “Digital Asset Market Clarity” (CLARITY) Act.

No obstante, el gobierno federal no es el único organismo legislador en EE. UU. que busca establecer reglas claras para la industria cripto. En 2024, 27 estados y Washington D.C. han aprobado 57 normativas relacionadas con las criptomonedas.

Si bien la legislación federal —centrada en la protección del consumidor, la claridad regulatoria y el impulso a la innovación— reduce notablemente, e incluso puede eliminar, la necesidad de que los estados desarrollen sus propios marcos regulatorios integrales, los estados siguen teniendo capacidad para impulsar la innovación responsable en cripto.

En las siguientes líneas, desgranamos cinco medidas concretas y proactivas —basadas en casos reales— que los estados pueden adoptar para salvaguardar a sus ciudadanos y potenciar los negocios locales de blockchain.

1. Adoptar la DUNA

Las redes blockchain descentralizadas, a diferencia de las empresas, no cuentan ni con consejos de administración ni con CEOs. Su objetivo es eliminar los mecanismos de control centralizado, transfiriendo la gobernanza a los usuarios mediante una organización autónoma descentralizada, o DAO (pronunciado “dao”).

Sin las DAOs, las blockchains corren el riesgo de ser absorbidas por los mismos poderes centralizadores que han convertido la web actual en un feudalismo digital; la gobernanza de unos pocos monarcas: el dominio de Meta, Google, Amazon y otras plataformas. Estas empresas centralizadas y extractivas no favorecen ni a los usuarios ni a la innovación. Si las grandes tecnológicas acaban dominando las redes blockchain, la internet basada en blockchain (también conocida como “web3”) reproducirá los mismos problemas que ya afectan al ciberespacio: vigilancia, ciberdelincuencia, censura, extracción de valor, y mucho más.

Si los usuarios pueden gobernar las redes blockchain, las DAOs pueden hacer realidad la promesa original de internet: una red abierta, descentralizada y bajo control del usuario. Sin embargo, hoy las DAOs afrontan numerosos obstáculos. Recientemente, algunas han sido objeto de acciones legales y regulatorias. El año pasado, un tribunal resolvió que la mera participación en una DAO (incluso publicar en un foro abierto) puede implicar que los miembros asuman responsabilidad por actos de otros, según la normativa sobre sociedades generales. Esto supone un riesgo legal significativo para los miembros y cuestiona la viabilidad de las DAOs. Además, afrontan obstáculos cotidianos, como la imposibilidad de contratar con terceros.

Por fortuna, ya existe una solución. En marzo de 2024, Wyoming fue el primer estado en aplicar la ley Decentralized Unincorporated Nonprofit Association Act, o DUNA. La DUNA permite que las redes blockchain sean descentralizadas y cumplan la ley. Da a las DAOs personalidad jurídica, les permite contratar con terceros, comparecer ante los tribunales, pagar impuestos y las protege frente a acciones de los miembros. En resumen, la DUNA sitúa a las DAOs al mismo nivel legal que otras formas societarias como la LLC.

La DUNA gana cada vez más adeptos. El mes pasado, Uniswap DAO (órgano de gobierno del conocido protocolo de finanzas descentralizadas) votó por una mayoría contundente (52 968 177 a favor, 0 en contra) para adoptar una DUNA registrada en Wyoming como estructura legal de Uniswap Governance Protocol. Gracias a la DUNA, Uniswap podrá preservar su gobernanza descentralizada y, a la vez, contratar proveedores, cumplir obligaciones regulatorias y más. Los proyectos nuevos también están adoptando este marco legal.

A medida que la DUNA se generalice, las DAOs estarán mejor posicionadas para competir con redes corporativas y contribuir a una internet abierta y bajo control del usuario. La ley pionera de Wyoming se apoya en años de trabajo, incluida la adopción de la normativa sobre asociaciones no incorporadas sin ánimo de lucro (UNA). Otros estados con marcos UNA funcionales pueden liberar el potencial de web3 al adoptar la DUNA. En conjunto, esto acelerará el fin de la deslocalización cripto y consolidará el liderazgo de EE. UU. como capital mundial de las criptomonedas.

2. Garantizar que las leyes vigentes no clasifiquen ni traten erróneamente los tokens

Los tokens son registros digitales que indexan información como cantidades y permisos. Lo que los distingue de otros registros digitales es que, al estar en blockchains descentralizadas, solo pueden modificarse según reglas predefinidas. Estas reglas se ejecutan mediante software autónomo fuera del control de cualquier entidad, por lo que los tokens pueden conferir a sus titulares derechos de propiedad digital exigibles.

Aunque los clasificamos en siete categorías, los posibles usos de los tokens son ilimitados. Y, pese al extendido mito de que un token es simplemente un memecoin para especular o similar a bitcoin, muchos de los tokens más habituales no son financieros. Por ejemplo, los tokens de arcade. Como su nombre indica, estos tokens son como las monedas metálicas que solían usarse en los salones recreativos: aportan utilidad dentro de un sistema, como un juego, y no están pensados para especulación o inversión. Ejemplos típicos incluyen el oro digital en mundos virtuales y los puntos de fidelidad de un programa de membresía.

Blackbird es una app de fidelización para restaurantes que otorga puntos a los clientes y genera ingresos para los negocios. Su token arcade, FLY, promueve la interacción entre restaurante y cliente. Por ejemplo, el cliente puede usar FLY para comprar un café frío y ganar recompensas. De esta forma, FLY ayuda a que tu cafetería o pizzería local retenga clientes y premia a quienes eligen pequeños negocios.

Al igual que los arcade, los tokens coleccionables tampoco son instrumentos financieros. Denominados “non-fungible tokens” o NFTs, sirven como registro de propiedad de un bien o derecho único. Un token coleccionable puede representar la propiedad de una canción, una entrada de concierto o cualquier otro activo o permiso exclusivo.

Evidentemente, los puntos de fidelidad y las canciones no son instrumentos financieros como las acciones o los bonos; ni los arcade ni los coleccionables ofrecen, prometen ni sugieren retornos económicos. Hay muchos otros tokens no especulativos: credenciales de identidad, activos de juegos, etc.

Por eso, al tratarse de tokens de arcade, coleccionables y otros activos digitales no especulativos, es esencial no confundirlos con instrumentos financieros. Sin embargo, a menudo los estados emplean términos como “activo financiero” para englobar todos los tokens. El resultado es que empresas y particulares que usan tokens no financieros quedan sometidos a normas pensadas para entidades financieras.

Las leyes que clasifican erróneamente los tokens —o que intentan definirlos todos bajo una sola categoría— acaban por maltratarlos. Las consecuencias pueden ser absurdas.

Imagínate que el propietario de una cafetería tuviera que solicitar una licencia de servicios financieros para ofrecer un programa de fidelidad a sus clientes. O que una artista tuviera que pedir permiso al regulador financiero local para publicar un token que represente la propiedad de su nuevo single. Estos requisitos penalizan a pequeños negocios, artistas y usuarios, y no son necesarios para proteger al consumidor. El sector cripto necesita una regulación adecuada, basada en riesgos reales, y no normas que frenen a los negocios y creadores que impulsan el crecimiento y la innovación estatal.

Un ejemplo de normativa estatal que trata de forma adecuada los tokens es la Illinois Digital Assets and Consumer Protection Act (DACPA), que el gobernador Pritzker aprobó en agosto de 2025. La DACPA reconoce que distintos tipos de tokens implican distintos riesgos y por ello excluye de la regulación financiera a negocios que emplean tokens arcade, coleccionables y otros no especulativos, que no presentan los riesgos que la ley busca mitigar. Otros estados deberían seguir el ejemplo de Illinois y asegurar que la legislación clasifica y trata adecuadamente los tokens.

3. Crear un grupo de trabajo sobre blockchain

Con demasiada frecuencia, la legislación estatal genera un mosaico de normas contradictorias que favorecen a las grandes empresas, con recursos para cumplirlas, y perjudican a las pequeñas tecnológicas. La legislación federal elimina en gran parte la necesidad de que cada estado diseñe su propio marco cripto integral. Pero, para ciertos asuntos, los estados pueden seguir siendo —como decía el juez Louis D. Brandeis— “laboratorios” de innovación política.

Para decidir si un estado debe experimentar y cómo hacerlo, un primer paso es constituir un grupo de trabajo sobre blockchain. Estos grupos permiten el intercambio público-privado de información y conocimiento. Formados por personas del sector público y privado, pueden informar a gobernadores y legisladores sobre la tecnología blockchain, sus aplicaciones, beneficios, riesgos, el impacto de la política federal en la agenda estatal y cómo armonizar políticas con otros estados.

Un ejemplo destacado de grupo cripto estatal es el California Blockchain Working Group. En 2018, California promulgó la AB 2658, que obligó al Secretario de la Agencia de Operaciones Gubernamentales a nombrar un grupo de trabajo y un presidente encargados de evaluar usos, desafíos, oportunidades, implicaciones jurídicas y otros aspectos de la tecnología blockchain.

Este comité de 20 miembros reunía expertos en tecnología, empresa, gobierno, derecho y ciberseguridad. Dos años más tarde, emitieron un informe con recomendaciones de política y propuestas para adaptar la legislación vigente a las necesidades concretas de las blockchains.

4. Pilotar aplicaciones blockchain en el sector público

Los estados pueden promover la innovación responsable en cripto —y solucionar problemas reales— probando aplicaciones blockchain en el sector público. Estos pilotos cumplen dos funciones: mejoran la educación sobre la utilidad de la tecnología y demuestran beneficios tangibles para la gestión pública. Los programas blockchain en el sector público pueden aportar ventajas que trascienden cada piloto. Aprendiendo en la práctica, las agencias estatales mejoran su conocimiento y pueden aplicar esa experiencia al desarrollo de nuevas políticas.

Ya existen ejemplos claros de implementación blockchain en el sector público. El informe del grupo de trabajo de California llevó a pilotos estatales, como la iniciativa de la DMV para digitalizar títulos de vehículos en blockchain para reducir el fraude y aumentar la eficiencia. Utah ha aprobado una ley que ordena a la División de Servicios Tecnológicos pilotar credenciales blockchain para programas públicos. Otros ejemplos incluyen el voto móvil blockchain para votantes en el extranjero, la publicación de gastos estatales en blockchain pública para mayor transparencia y el uso de credenciales sanitarias verificables para comunicar resultados médicos de forma privada.

Pilotando y escalando estas aplicaciones, los estados pueden conocer mejor los usos de blockchain y ofrecer servicios públicos mejorados a la ciudadanía.

5. Usar stablecoins y desarrollar un marco estatal de emisión acorde con GENIUS

Las stablecoins ofrecen una oportunidad real para incorporar a mil millones de personas al ecosistema cripto. En todo el mundo, permitirán pagos más rápidos, asequibles y programables.

Los estados pueden aprovechar también el dólar digital. Las stablecoins pueden mejorar la gestión de pagos y compras públicas, haciéndolos más económicos, eficientes y auditables. Si los estados adoptan enfoques que preserven la privacidad para salvaguardar los datos de los ciudadanos, estos programas pueden beneficiar tanto a gobiernos como a la población.

Además de usar stablecoins en programas públicos, los estados pueden desarrollar regímenes de emisión ajustados a sus necesidades: aunque GENIUS establece reglas nacionales para emisores de stablecoins de pago, permite rutas de licencia estatales para emisores con una emisión inferior a 10 000 millones, siempre que el marco estatal sea sustancialmente similar al federal.

Definir “sustancialmente similar” llevará tiempo. GENIUS, aprobada con amplio respaldo en Senado y Cámara, exige mucho a los emisores: respaldo de activos, transparencia, requisitos sólidos contra el blanqueo y “conoce a tu cliente”, entre otros. La ley no entra en vigor hasta enero de 2027, o cuatro meses tras la publicación de la norma federal definitiva, lo que ocurra antes. En ese tiempo, las agencias federales concretarán los detalles, incluyendo qué exige un marco estatal para cumplir el estándar federal. Mientras el gobierno federal desarrolla GENIUS, los estados pueden analizar si conviene adaptar la legislación local sobre stablecoins.

GENIUS exige que los estados cumplan los requisitos federales para regular emisores, pero permite que los gobiernos locales participen en la elaboración de políticas que definirán el futuro del dólar digital.

Las stablecoins son otra vía para que los estados sean “laboratorios”, experimentando con regímenes de emisión adaptados a sus necesidades. California ya ha promulgado regulación sobre stablecoins. Wyoming incluso ha lanzado su propia stablecoin, la Frontier Stable Token.

Con la llegada de la regulación federal cripto, los estados pueden dejar de necesitar marcos propios integrales. Pero siguen teniendo un papel clave: aplicando medidas concretas y prácticas, pueden impulsar la innovación cripto responsable y garantizar que la ciudadanía y los negocios locales se beneficien del futuro de internet.

Aiden Slavin es Policy Partner en a16z crypto. Anteriormente lideró iniciativas de política web3 en el World Economic Forum y gestionó el desarrollo de marcos regulatorios y estándares de gobernanza ligados a la ID descentralizada. Estudió el MSc en University of Oxford y el BA en Columbia University.

Kevin McKinley es Partner en el equipo de Government Affairs de a16z, liderando la participación de la firma en asuntos estatales y locales. Antes de Andreessen Horowitz, fue Public Policy Director en el U.S. State & Local Policy Team de Meta, gestionando legislación en California y apoyando iniciativas de advocacy a nivel nacional. Previamente lideró el advocacy californiano para la Internet Association y trabajó en políticas de privacidad y tecnología en la California Chamber of Commerce. Comenzó su trayectoria como litigante en casos civiles y penales.

Las opiniones aquí expresadas corresponden exclusivamente al personal individual de AH Capital Management, L.L.C. (“a16z”) citado y no reflejan las de a16z ni sus filiales. Parte de la información proviene de fuentes externas, incluidas empresas participadas por fondos gestionados por a16z. Aunque se considera fiable, a16z no la ha verificado de forma independiente y no garantiza su exactitud ni idoneidad para ninguna situación. Este contenido puede incluir publicidad de terceros; a16z no la revisa ni respalda su contenido.

Debes consultar con tus asesores en estos temas. Las referencias a valores o activos digitales son solo ilustrativas y no constituyen recomendación de inversión ni oferta de servicios de asesoramiento. Este contenido no está dirigido ni destinado a inversores y no debe usarse como base para invertir en fondos de a16z. (La oferta para invertir en un fondo de a16z solo se realiza mediante el memorando de colocación privada, acuerdo de suscripción y demás documentación relevante, que debe leerse íntegramente). Las inversiones o empresas mencionadas no representan todas las inversiones de los vehículos gestionados por a16z y no se garantiza que sean rentables ni que futuras inversiones tengan características similares. La lista de inversiones de fondos gestionados por Andreessen Horowitz (excluyendo las que el emisor no autoriza publicar y las no anunciadas en activos digitales cotizados) está disponible en https://a16z.com/investment-list/.

El contenido es válido solo en la fecha indicada. Las proyecciones, estimaciones, previsiones, objetivos, expectativas y opiniones aquí vertidas pueden cambiar sin previo aviso y diferir respecto a otras opiniones. Consulta https://a16z.com/disclosures/ para información adicional relevante.

Aviso legal:

1. Este artículo se ha republicado desde [a16zcrypto]. Todos los derechos de autor pertenecen a los autores originales [Aiden Slavin y Kevin McKinley]. Si tienes alguna objeción, contacta con el equipo de Gate Learn para gestionarlo de inmediato.
2. Exención de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente del autor y no constituyen asesoramiento de inversión.
3. Las traducciones a otros idiomas han sido realizadas por el equipo de Gate Learn. Salvo mención expresa, está prohibido copiar, distribuir o plagiar los artículos traducidos.